Washington (AFP) – Estados Unidos aumentó este lunes la presión contra Venezuela, al adoptar sanciones contra cuatro venezolanos vinculados al gobierno y prohibir a estadounidenses negociar la criptomoneda lanzada en febrero por Caracas.
Trump comunicó formalmente al Congreso sobre la firma de un decreto que veta la negociación de la criptodivisa petro por parte de estadounidenses, por considerar que fue creada como una tentativa de eludir las sanciones.
El petro es una criptomoneda respaldada en recursos naturales de Venezuela, como el petróleo, oro y gas. La oferta inicial situaba el valor de cada petro en unos 60 dólares, valor de un barril de petróleo al inicio del año.
El Tesoro estadounidense también mencionó en el decreto que la Asamblea Nacional venezolana, controlada por la oposición, había considerado «ilegal» el lanzamiento de la criptomoneda.
Por ello, el decreto autoriza al Departamento de Estado a «promulgar reglas y reglamentos» para hacer efectiva la prohibición de negociar con el petro.
El país, está sumergido en la recesión e hiperinflación, había lanzado el petro como parte de sus esfuerzos para reestructurar su enorme deuda externa, una parte de ella en default, estimada en unos 150.000 millones de dólares
En una teleconferencia, un alto funcionario del Departamento del Tesoro que solicitó el anonimato dijo que el gobierno estadounidense espera un «impacto mínimo» de esta medida en la población venezolana.
«Es altamente improbable» que haya venezolanos «en condiciones de negociar esa criptomoneda, y por eso no prevemos un impacto de esta medida para la población venezolana», dijo la fuente.
– Más sanciones –
Instantes más tarde, el Departamento del Tesoro sancionó a cuatro ciudadanos venezolanos con vinculaciones con el gobierno, siendo que tres de ellos son funcionarios de escalón medio.
Los sancionados son Américo Mata, del directorio del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat; Antonio Contreras, de la Superintendencia para Defensa de los Derechos Socioeconómicos; Nelson Lepaje, del Tesoro venezolano, y Carlos Rotondaro, exdirigente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales.
En el caso de Mata, el Tesoro estadounidense mencionó que «supuestamente solicitó y recibió pagos» de la constructora brasileña Odebretch para la campaña electoral del presidente Nicolás Maduro en 2013.
Contreras fue incluido en la lista de sancionados por su papel en la adopción de políticas que afectaron la producción de alimentos, y Rotondaro por la aplicación de iniciativas que privan a Venezuela de capacidad para comprar medicamentos.
De acuerdo con la Agencia de Control de Activos Extranjeros (OFAC) la lista de venezolanos sancionados ya llega a 62 personas y 15 entidades.
Como parte de las sanciones, ciudadanos y entidades estadounidenses quedan prohibidas de mantener relaciones financieras con estas cuatro personas.
El Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que el gobierno venezolano «diezmó» la economía de ese país y que esa situación generó una «crisis humanitaria».
«Hacemos un llamado a (el presidente Nicolás) Maduro a distribuir ayuda humanitaria y deje de bloquear la asistencia extranjera a los venezolanos», apuntó Mnuchin en la declaración.
