México (AFP) – México, sacudido por una creciente ola de violencia ligada al narcotráfico, cerró 2017 con 25.339 asesinatos, la cifra más alta desde que empezó el registro, en 1997, según las cifras del gobierno.
El Secretariado Ejecutivo de Seguridad del ministerio de Gobernación (Interior) divulgó el sábado las cifras de homicidios de diciembre de 2017, 2.219, que llevan el total anual a 25.339.
En noviembre, el número de asesinatos ya fue de 23.101, superando los 22.409 de 2011, hasta entonces el año más violento desde que en 1997 se puso en marcha el registro de homicidios dolosos en México.
La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017 fue de 20,51, contra 16,80 en 2016.
México vive una ola de violencia ligada al narcotráfico y que ha dejado más de 200.000 muertos desde diciembre de 2006, cuando el gobiernos federal lanzó un polémico operativo militar antidrogas que según sus críticos sólo ha contribuido a que se multipliquen los asesinatos y ataques.
Las cifras no detallan cuántas de estas muertes violentas están ligadas a la criminalidad, pero algunos expertos señalan que se trata de una importante mayoría, dado que se registran sobre todo en estados con presencia de cárteles de las drogas, como Guerrero (sur) y Veracruz (este).
En el último año, estados que no hace mucho eran ajenos a la violencia, como Baja California Sur, Colima (noroeste) y Guanajuato (centro), empezaron a ser sacudidos por distintos ataques criminales.
De 2013 a 2015, el número de homicidios bajó de los 20.000, pero en 2016 repuntó a 20.545.
Algunos expertos en narcotráfico atribuyen este recrudecimiento al surgimiento de numerosas células criminales autónomas tras la captura de los jefes de los cárteles de las drogas.
También señalan la diversificación del delito, pues las bandas criminales ahora lo mismo trafican con gasolina robada que extorsionan a comerciantes o secuestran o trafican con personas.
En medio de este recrudecimiento de la violencia, en diciembre pasado, el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados aprobaron en el Congreso una polémica ley de seguridad que según sus críticos conduciría a la militarización del país cuando, advierten, la estrategia militar antidrogas no habría dado los frutos esperados.
Una alcaldía del estado de Puebla, legisladores opositores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (defensoría) han presentado controversias de inconstitucionalidad contra esta ley ante la Suprema Corte.
