Familiares exigen a Maduro, sin éxito, entregar cuerpo de piloto rebelde

Caracas (AFP) – Entre denuncias de «ejecución extrajudicial», familiares y grupos de derechos humanos exigieron este miércoles, sin éxito, la entrega de los cuerpos del piloto Óscar Pérez, protagonista de sonadas acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, y de los otros seis abatidos en un operativo de seguridad.

«Les exijo que por favor me permitan, con todo el dolor que tengo en mi alma, que mi hijo sea reconocido, si de verdad está en la morgue», clamó Aminta, la madre de Pérez, en un video publicado en la cuenta de Twitter de la esposa del piloto, Dana Vivas.

De luto, llevándose la mano a la frente por el agobio, la mamá de Pérez, quien vive en México con Vivas y los tres niños de la pareja, dijo querer «recuperarlo para darle cristiana sepultura».

Militares y policías mantenían cerrado el acceso a la Morgue de Bello Monte, principal de Caracas (sureste). A Aura Pérez, tía del piloto muerto el lunes a manos de las autoridades, le permitieron ingresar: «Vine a reconocer el cuerpo de mi sobrino y exigir que me lo entreguen. Lo enterraremos aquí en Caracas, donde nació», declaró.

Parientes de los otros muertos también llegaron.

«Pido encarecidamente (…) al presidente Maduro, con todo mi dolor y el de mi familia, que por favor, por el derecho que nos corresponde, se respete nuestro dolor y dejen de obstruir y nos entreguen el cuerpo de mi hijo», clamó llorosa Zeila Agostini, madre de Abraham Agostini.

Rodeada de una comisión de parlamentarios opositores que investiga los hechos, Agostini sostuvo que su hijo «murió como un héroe» y que se enroló en el grupo de Pérez –señalado por el gobierno de «terrorista»– por la grave situación del país.

«Mamá esto está mal, me da coraje, me da impotencia que el pueblo de Venezuela esté lleno de miedo, pero así tenga que dejar mi vida voy a ir a luchar por mi país», aseguró la mujer que le dijo su hijo.

Los familiares abandonaron el lugar en la noche sin que les fuesen entregados los cadáveres y sin dar nuevas declaraciones.

El operativo del lunes se desarrolló en las afueras de Caracas siete meses después de que Pérez, exagente policial de 36 años, atacara desde un helicóptero edificios gubernamentales, en medio de una ola de protestas contra Maduro que dejó unos 125 muertos entre abril y julio de 2017.

– Hermetismo y controversia –

Familiares, parlamentarios y activistas de derechos humanos lamentaron el hermetismo en el caso.

«La respuesta que recibimos fue que no se van a entregar los cuerpos porque están a la orden de un tribunal militar», dijo a periodistas el diputado opositor Winston Flores.

Agregó que las autoridades «no han querido entregar el informe de la autopsia». «Hubo un ajusticiamiento extrajudicial y queremos comprobarlo», aseguró.

En videos que difundió en Instagram durante la operación, Pérez, usuario frecuente de las redes sociales, afirmó que las autoridades les estaban disparando pese a que él y sus hombres querían entregarse.

La diputada opositora Manuela Bolívar denuncia «una serie de irregularidades» y afirma que el «silencio» responde a «un homicidio a personas que estaban demandando entregarse» y los «cuerpos de seguridad continuaron hasta darles muerte».

Pero el ministro de Interior, general Néstor Reverol, argumentó que cuando se negociaba la entrega el «grupo terrorista» atacó a las fuerzas de seguridad, matando a dos policías e hiriendo a otros ocho, tras lo que hubo un «enfrentamiento armado».

Los críticos del gobierno no dan crédito al informe oficial.

La exfiscal general Luisa Ortega Díaz, chavista que rompió con Maduro y huyó a Colombia tras ser destituida el año pasado, calificó el hecho como una «ejecución extrajudicial».

«El procedimiento es un reflejo de la situación del estado de derecho en Venezuela y el nivel de desinformación y opacidad con que se maneja el gobierno», dijo a AFP Rocío San Miguel, experta en temas militares, según quien la casa donde se escondía el grupo fue destruida con un lanzagranadas anti-tanque RPG 7 ruso.

Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal, aseguró a la AFP que las «ejecuciones extrajudiciales» son «una política de Estado». En el caso de Pérez, «hubo un claro exceso en el cumplimiento de la función policial, además del uso de civiles armados (conocidos como colectivos)», agregó.

Un puñado de personas respaldó a familiares en las inmediaciones de la morgue. Ana Araujo exhibía un cartel donde se leía: «Todos somos Óscar Pérez».

«Me siento plenamente identificada con Óscar Pérez y he muerto un poco con él», dijo a la AFP.