Roberto José Rivas Reyes, presidente del Consejo Electoral Supremo (CES) de Nicaragua; Julio Antonio Juárez Ramírez, diputado oficialista de Guatemala, y el empresario de República Dominicana Ángel Rondón Rijo, están entre los individuos y entidades sancionados por el presidente Donald Trump.
Las sanciones son la primeras tomadas bajo la Ley Magnitsky de Responsabilidad Global de Derechos Humanos, aprobada el año pasado.
«Hoy, Estados Unidos toma una posición firme contra el abuso de los derechos humanos y la corrupción a nivel mundial al excluir a estos malos actores del sistema financiero estadounidense. El Tesoro congela sus activos y denuncia públicamente los atroces actos cometidos», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.
Las medidas implican el congelamiento de los activos que los sancionados tengan en Estados Unidos, así como la prohibición a personas naturales y jurídicas estadounidenses de hacer transacciones comerciales o financieras con ellos.
La lista publicada por el Departamento del Tesoro incluye 14 a funcionarios y ex funcionarios políticos, judiciales y policiales, empresarios y las compañías relacionadas con ellos.
– De Nicaragua, Guatemala y Dominicana –
De Nicaragua, Rivas, con un salario gubernamental de 60.000 dólares anuales, está incluido por corrupción, acusado de acumular «una riqueza considerable», entre propiedades, aviones privados, vehículos de lujo y un yate. «También ha perpetrado un fraude electoral que socava las instituciones», destacaron las autoridades estadounidenses, que subrayaron bloqueos a los intentos de investigación.
El diputado Juárez es señalado de contratar sicarios en Guatemala para matar al corresponsal de Prensa Libre Danilo Efraín Zapan López, en un ataque en el que también murió Federico Benjamín Salazar, de Radio Nuevo Mundo, y dejó otra persona herida.
Rondón, influyente en el ámbito político de República Dominicana, aparece por hacer llegar dinero de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios dominicanos a cambio de concesiones para la construcción de carreteras, represas y otros proyectos. «En 2017, Rondon fue arrestado por las autoridades dominicanas y acusado de corrupción por los sobornos pagados por Odebrecht», señaló el Tesoro.
«Estados Unidos continuará buscando consecuencias tangibles y significativas para quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos y se involucran en corrupción», aseguró el secretario de Estado, Rex Tillerson, al saludar la implementación de esta ley.
La norma, que tiene alcance mundial, fue aprobada en 2016 como una ampliación de la Ley Magnitsky de 2012, dirigida contra violadores de derechos humanos en Rusia.
– «Limpieza étnica» –
Entre los sancionados también está el general birmano Maung Maung Soe, acusado de liderar una campaña de depuración contra la minoría musulmana rohinyá.
También aparecen el expresidente de Gambia Yahya Jammeh, al que se atribuyen múltiples irregularidades en su gobierno entre 1994 y 2017; y Yankuba Badjie, exjefe de la inteligencia gambiana, instrumento de represión del régimen de Jammeh.
Gao Yan, jefe de las fuerzas de seguridad chinas que detuvieron a la disidente Cao Shunli, muerta en prisión, y el ruso Sergei Kusiuk, que comandaba un cuerpo de élite de la policía ucraniana y fue acusado de los homicidios de activistas en Kiev en febrero de 2014, están asimismo alcanzados por las medidas de Washington.
Por corrupción, la lista negra tiene a Gulnara Karimova, hija del expresidente de Uzbekistán Islam Karimov; a Artem Chaika, hijo del fiscal general ruso Yuri Chaika; a Dan Gertler, un empresario israelí vinculado al presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, y al traficante de armas Slodoban Tesic.
Además, están el empresario sursudanés Benjamin Bol Mel y el cirujano paquistaní Mukhtar Hamid Shah Shah, que la policía cree involucrado en el tráfico de órganos humanos.
Esta lista «marca la implementación de una ley que debería asustar a los funcionarios corruptos de todo el mundo», dijo Ian Schwab, de la ONG de derechos humanos The Enough Project.
