San Salvador (AFP) – Organizaciones de El Salvador afirman que el uso excesivo de la fuerza y la militarización de la seguridad pública son parte de las violaciones a los derechos fundamentales en el país, según un informe que presentarán al Alto comisionado de la ONU para los DDHH.
El jerarca de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, abrió este miércoles una visita de dos días a El Salvador, en la que sostendrá encuentros con el presidente Salvador Sánchez Cerén, otras autoridades del gobierno y de la Corte Suprema de Justicia, así como con las organizaciones civiles, en los que abordará los avances y retos del país en materia de derechos humanos.
Zeid ya sostuvo una reunión con el canciller Hugo Martínez, informó esa cartera en Twitter.
«La estrategia de seguridad del Estado ha estado marcada por una tendencia hacia el uso excesivo de la fuerza, la militarización de la seguridad pública y la detención arbitraria y masiva», señalaron una veintena de organizaciones humanitarias en el informe «Situación de los Derechos Humanos en El Salvador», que entregarán al comisionado Zeid.
Morena Herrera, una de las representantes del colectivo de organizaciones defensoras de derechos humanos, dijo en rueda de prensa que las violaciones a derechos humanos «amenazan el proceso de construcción de una verdadera democracia».
De acuerdo a las organizaciones, «los abusos de fuerza» son cometidos tanto por la Policía como por la Fuerza Armada, que desde hace varios años mantiene -por mandato presidencial- entre 7.000 y 9.000 soldados en labores de apoyo a la seguridad pública.
Herrera también denunció, en base a cifras de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), que entre 2014 y 2016 se registraron en El Salvador 44 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales en las que estarían involucrados miembros de la Policía y de la Fuerza Armada y que constituyen «graves» violaciones a derechos humanos.
Asimismo, señalan «la persistencia» de los desplazamientos internos de las personas que huyen de la violencia de las pandillas.
En una visita efectuada a El Salvador en agosto pasado, la relatora de la ONU para los derechos de los desplazados, Cecilia Jiménez, señaló que ante muchas cifras dispersas que «no son confiables», el número de afectados por el desplazamiento interno es «desconocido».
Las organizaciones también denuncian en el informe que El Salvador penaliza el aborto por cualquier causal y la existencia de un «entorno favorecedor de la violencia de género» que se refleja principalmente en feminicidios y violencia sexual.
