Washington (AFP) – Un juez federal estadounidense suspendió este martes el más reciente decreto del presidente Donald Trump sobre el ingreso de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, en un nuevo tropiezo para la Casa Blanca.
El juez Derrick Watson, del estado de Hawái, suspendió a nivel nacional la aplicación del decreto anunciado por Trump el 25 de septiembre en lo referido al veto para ciudadanos de Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen, pero mantuvo el bloqueo a funcionarios norcoreanos y venezolanos.
Este decreto debía entrar en vigor el miércoles, y la suspensión de su implementación representa una nueva derrota a las tentativas de Trump de cumplir una controvertida promesa de campaña, de cerrar el país al ingreso de inmigrantes y refugiados musulmanes.
En un documento de 40 páginas, el juez Watson dijo que el decreto del 25 de septiembre «sufre del mismo mal que el anterior»: no prueba que el ingreso al país a «150 millones de personas de seis países sería un perjuicio a los intereses de Estados Unidos».
La reacción de la Casa Blanca fue inmediata, y en una nota oficial apuntó que la decisión «peligrosamente equivocada» del juez Watson «mina los esfuerzos del presidente para mantener seguros a los estadounidenses».
Añadió que el Departamento de Justicia «defenderá vigorosamente» la iniciativa presidencial.
– Tercer decreto, tercer tropiezo –
En tanto, la secretaria interina de Seguridad Interna, Elaine Duke, apuntó en una nota que el gobierno «cumplirá con la orden judicial» pero añadió que esperaba «prevalecer en esta materia después de una apelación».
Se trata así del tercer tropiezo de Trump en su tentativa de imponer un sistema que dificulte o impida el ingreso al país para inmigrantes y refugiados provenientes de países de mayoría musulmana, alegando aspectos de seguridad nacional.
Sin embargo, ya desde el primer decreto -emitido pocos días después de su llegada a la Casa Blanca en enero- la iniciativa fue objeto de críticas por supuesta discriminación religiosa.
El primero de los decretos fue bloqueado rápidamente por considerar que afectaba a musulmanes apenas por su religión, en violación al principio constitucional de libertad religiosa.
El gobierno, para evitar una humillación, decidió simplemente anular ese decreto y redactar uno nuevo.
Pero esta segunda versión también fue suspendida por la justicia. El gobierno insistió y llevó el caso hasta la Corte Suprema, aunque ésta esperó que expirara el plazo de aplicación de la medida para afirmar que no había razones para ese tribunal interviniera.
El 25 de septiembre la Casa Blanca anunció un nuevo proyecto que se concentró en Yemen, Siria, Libia, Irán, Somalia y Chad.
– Norcoreanos y venezolanos –
Pero el gobierno sorprendió a todos al incluir a funcionarios de Corea del Norte y Venezuela.
El gobierno estadounidense ya tiene en vigencia sanciones específicas contra funcionarios de esos dos países, pero su inclusión en este decreto tomó a todos por sorpresa.
Además, en el tercer decreto llamó la atención la inclusión de Chad, ya que las tropas de ese país reciben auxilio militar estadounidense en el enfrentamiento al grupo radical Boko Haram.
En sus argumentos, el juez Watson excluyó de las consideraciones las sanciones a norcoreanos y venezolanos y se limitó a evaluar el impacto de un bloqueo a ciudadanos de países de mayoría musulmana.
De esa forma, Watson apuntó que el más reciente decreto «individualiza interesados en obtener visa de ingreso a Estados Unidos apenas con base en su nacionalidad», y ello es contrario a los «principios fundadores» de la nación.
En tanto, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) emitió un comunicado aplaudiendo la decisión del juez Watson.
«Estamos felices pero no nos sorprende que el decreto antimusulmán, ilegal e inconstitucional del presidente Trump ha sido bloqueado nuevamente», expresó el abogado Omar Jadwat, de ACLU.
