Buenos Aires (AFP) – El diputado opositor argentino Julio De Vido, exministro de Planificación del gobierno de Cristina Kirchner, fue acusado el miércoles de «estrago culposo y administración fraudulenta», al iniciarse el segundo juicio por una tragedia ferroviaria que dejó 51 muertos en 2012.
Al leerse los cargos, De Vido fue inculpado por negligencia ante lo que la justicia consideró el estado «deplorable» de la línea férrea de pasajeros Sarmiento, según las primeras sentencias dictadas en diciembre de 2015 contra un empresario, dos funcionarios y un maquinista.
La defensa de De Vido había solicitado un juicio por jurados para que fuese «justo y libre de presiones y sospechas políticas», y «finalice con una sentencia de un tribunal independiente e imparcial».
El acusado fue ministro de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015. Y el argumento de sus defensores es que la segunda parte del juicio se realiza en el contexto de la campaña electoral para las elecciones legislativas de medio término del 22 de octubre.
El kirchnerismo (peronismo de centroizquierda) enfrenta en esos comicios a la alianza de derechistas y socialdemócratas que sostiene al presidente Mauricio Macri.
Pero la justicia rechazó el pedido y los abogados renunciaron hace 5 días por entender que «la condena contra De Vido ya está dictada». El exministro nombró entonces nuevos defensores.
El 22 de febrero de 2012, una formación del Sarmiento se estrelló contra el paragolpes de la terminal Once, dejando 51 muertos y 780 heridos.
En la primera sentencia por aquel suceso se dictaron penas a dos exministros de Transporte de entre seis y ocho años de cárcel.
Un empresario que tenía la concesión ferroviaria fue condenado a nueve años de prisión. El maquinista fue sentenciado a tres años y medio por «violar reglas de la buena conducción al superar los límites de velocidad máxima en el ingreso a la estación terminal y anular o aplicar tardíamente los frenos».
La segunda parte del juicio durará unos cuatro meses, según informaron fuentes del tribunal. La pena máxima por estrago culposo y administración fraudulenta es de 11 años.
