El Procurador General de California, Xavier Becerra, entabló una demanda en contra de la administración del presidente Donald Trump en relación con la construcción del muro fronterizo a lo largo de los condados San Diego e Imperial.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, en representación del pueblo del Estado de California a nombre de los residentes del estado y la Comisión Costera de California.
De acuerdo con los términos de la demanda, el Procurador General Becerra denuncia que la administración Trump violó la Constitución de los Estados Unidos, y las leyes ambientales estatales, y se basó en un estatuto federal que no autoriza los proyectos propuestos.
«La Administración Trump ha vuelto a ignorar las leyes que no le gustan para resucitar un punto de conversación de campaña para construir un muro en nuestra frontera sur», dijo el Procurador General Becerra.
Varios proyectos para proteger la frontera
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 2 de agosto su intención de realizar varios proyectos con relación al muro fronterizo en el condado de San Diego, que incluyen la construcción de prototipos de muros y vallas y el reemplazo de 14 millas de vallas primarias existentes con una nuevas.
El DHS también anunció el reemplazo de 14 millas de vallas secundarias existentes, en esta misma área, con una pared sólida u otro tipo de barrera.
«El Presidente Trump todavía tiene que cambiar de candidato Trump a líder de una nación construida sobre leyes. Eso es peligroso. Cuando usted respeta la ley, infunde confianza y seguridad en su gente, algo crítico para el éxito”, dijo el procurador Becerra.
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“Es por eso que California, aunque sólo es uno de los 50 estados, se ha convertido en la sexta economía más grande del mundo. Y por eso, si planeas hacer negocios en California, y eso incluye al Presidente, entonces tienes que estar preparado para seguir la ley”, añadió.
Un proyecto que viola la Constitución
La demanda presentada por el procurador Becerra destaca que el DHS no preparó una declaración del impacto ambiental que causaría el proyecto del muro fronterizo en los condados de San Diego e Imperial. Tampoco obedece la Ley de Gestión de la Zona Costera con respecto a la construcción de muros en el Condado de San Diego.
«La Comisión Costera de California está encargada de mantener una de las leyes ambientales más fuertes en el país: la Ley Costera de California», dijo Dayna Bochco, presidenta de la Comisión Costera. «Debemos permitirnos hacer nuestro trabajo, que es asegurarnos de que este muro y sus impactos en la construcción no destruyan este área ecológicamente rica».
Otros de los puntos en que se basa la demanda es la renuncia a cualquier ley que considere necesaria para «instalar barreras físicas adicionales y caminos, en las proximidades de la frontera de Estados Unidos para impedir los cruces ilegales en áreas de alta entrada ilegal a los Estados Unidos».
Esta renuncia está basada en la Sección 102 de la Ley de Reforma y Responsabilidad de la Inmigración Ilegal (IIRIRA). Sin embargo, Becerra destaca que esta renuncia viola la Constitución de los Estados Unidos.
