Washington (AFP) – Exmilitares venezolanos denunciaron el viernes abusos del gobierno de Nicolás Maduro, en audiencias públicas en la OEA que buscan determinar si hay fundamentos para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.
Detenciones ilegales, torturas y violaciones de derechos humanos, distribución de alimentos con criterios políticos y persecuciones judiciales señalaron estos tres exmiembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), exiliados en Estados Unidos.
El mayor general Hebert García Plaza, el teniente coronel José Arocha y el capitán Igor Nieto Buitrago presentaron sus testimonios en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que comenzó el jueves a recopilar información sobre la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela.
«Para nadie es un secreto (…) que la justicia en Venezuela solamente obedece al gobierno», dijo García Plaza, otrora cercano al fallecido líder venezolano Hugo Chávez y ahora acusado de querer derrocar a Maduro.
Exviceministro de la Defensa, el militar cuestionó el «Plan Zamora», un operativo de la fuerza pública desplegado por Maduro ante multitudinarias protestas en su contra, que el mandatario tildó de intento de «golpe de Estado».
Es «un artificio legal» que incluye la posibilidad de considerar a los civiles como enemigos, acotó el oficial, exiliado desde enero de 2016.
En Venezuela, sumida en una severa crisis política y económica, unas 125 personas murieron entre abril y julio en el marco de las manifestaciones antigubernamentales.
García Plaza, exministro de Alimentación de Maduro, también denunció la distribución de comida en «parroquias políticamente priorizadas», lo que según dijo motivó su renuncia.
– «Persecuciones judiciales» –
Nieto Buitrago mencionó «persecuciones judiciales sistemáticas que el Estado tiene para amedrentar y ejemplarizar».
El presidente Maduro tomó la decisión de usar la justicia militar para enjuiciar a civiles, resumió.
Por su parte, Arocha dijo que fue perseguido por hacer notar la creciente politización de las fuerzas armadas. Contó que tras pasar a retiro fue detenido acusado de «financiar el terrorismo».
«Con pistolas en la nuca fui llevado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y puesto preso en condiciones totalmente infrahumanas», dijo, al narrar su calvario «incomunicado» en una prisión de alta seguridad, cinco pisos bajo tierra, conocida como «la tumba».
De allí salió seis meses más tarde a prisión domiciliaria, tras acceder a declarar en una investigación de la entonces fiscal general Luisa Ortega contra dirigentes políticos, entre ellos el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
«Hay muchos presos en Venezuela que están sufriendo», señaló.
– Tres expertos –
La OEA realiza estas audiencias a iniciativa de su secretario general, Luis Almagro, que en julio nombró a Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la CPI, para «facilitar un proceso de análisis adecuado sobre la situación de violencia y represión en Venezuela».
«Esto no es un juicio, simplemente es una forma de que la OEA pueda tomar conocimiento directo de la información que está surgiendo de Venezuela», dijo el viernes el jurista argentino.
«Venezuela tiene todos los derechos de ser incluida en estas sesiones», afirmó.
Durante el último Consejo Permanente de la OEA, Caracas consideró «ilegal» la realización de estos debates.
Sin embargo, Moreno Ocampo recordó que Venezuela ratificó el Estatuto de Roma que creó la CPI, por lo que ese tribunal tiene jurisdicción sobre lo que allí ocurre.
En las primeras audiencias, el jueves, representantes de la sociedad civil denunciaron lo que consideraron «tortura sistemática» del gobierno venezolano.
Moreno Ocampo dijo que las audiencias proseguirán en octubre con sesiones sobre el aparato de justicia en Venezuela.
El informe con los datos recopilados será analizado antes del 30 de octubre por expertos internacionales independientes, informó la OEA.
Almagro reveló el miércoles que el panel estará integrado por el costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el argentino Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y exsecretario ejecutivo de la CIDH; y el canadiense Irwin Cotler, exfiscal general de Canadá.
