Washington (AFP) – El ente de la CIDH que vela por la libertad de expresión condenó el miércoles el cierre de más de 50 medios de comunicación en Venezuela y urgió al gobierno de Nicolás Maduro a garantizar su operación sin distinciones por su línea editorial.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo «un llamado urgente para el restablecimiento de la transmisión de las emisoras de radio y los canales de televisión retirados del aire», según un comunicado.
Ademas, pidió «el restablecimiento de todas las garantías necesarias para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión en Venezuela».
Esta Relatoría de la CIDH, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), dio cuenta de al menos 49 radios nacionales cerradas y cinco canales de televisión internacionales retirados de la programación de la televisión por suscripción durante 2017, «por órdenes del gobierno».
«El cierre de medios de comunicación como castigo por mantener una línea editorial crítica de un gobierno suprime de manera arbitraria el derecho que asiste a todos los venezolanos a expresarse sin temor a sufrir represalias y (…) constituye además una forma de censura indirecta bajo el derecho internacional», enfatizó.
Entre los casos destacados, mencionó el retiro para el servicio de TV pago de los canales colombianos Caracol TV y RCN, el 24 de agosto, por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que los acusó de «delitos gravísimos» y «ofensas» al país.
«Un criterio similar se habría utilizado previamente para ordenar la supresión de las señales de CNN y NTN24», recordó la Relatoría.
Asimismo, dijo que el 25 de agosto, representantes de Conatel ingresaron a las sedes de las emisoras 92.9 FM y Mágica 99.1 FM en Caracas y ordenaron el «cese definitivo» de sus transmisiones. Ambas fueron tomadas por dos emisoras vinculadas al partido oficial, señaló el comunicado, que apuntó que el 16 de julio Conatel clausuró ULA TV en Mérida.
Venezuela ya había sido condenada por la CIDH en junio de 2015 por incumplir estos principios cuando decidió no renovar la concesión del canal de televisión RCTV el 27 de mayo de 2007, dijo la Relatoría.
