Caracas (AFP) – Un tribunal militar venezolano ordenó este lunes encarcelar a un magistrado de una corte suprema paralela nombrada por el Parlamento de mayoría opositora, informaron una ONG de derechos humanos y el dirigente Henrique Capriles.
Alfredo Romero, director de Foro Penal, una organización que defiende a presos políticos, confirmó en Twitter la «privativa de libertad» para Ángel Zerpa, quien según dijo se «declaró en huelga de hambre» en rechazo a la medida.
«Una jueza de un tribunal militar le ha dictado medida de privación de libertad» a Zerpa, indicó por su parte Capriles en una alocución por la red social Periscope.
Tanto Romero como Capriles denunciaron que el abogado compareció ante la corte sin sus abogados porque se les negó el acceso a la sala donde se cumplió la audiencia.
«Sin defensor, sin debido proceso, además ante un tribunal militar. ¿Qué es eso? Otra violación», expresó el político. Romero comentó que la corte impuso un defensor público.
Capriles se dirigió al exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien según dijo se encuentra en Venezuela, para señalarle sobre el caso de Zerpa: «señor expresidente Zapatero (…) ahí tiene usted».
El exmandatario español impulsó en 2016 un diálogo fallido entre el presidente, Nicolás Maduro, y la oposición, y facilitó la excarcelación del opositor Leopoldo López, quien quedó en prisión domiciliaria el pasado 8 de julio luego de tres años y cinco meses de cárcel.
Maduro advirtió el domingo que los 33 jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designados el viernes último por el bloque opositor irán presos. «A todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo y nadie los va a defender», sostuvo.
Zerpa, uno de esos magistrados, fue detenido el sábado por el servicio de inteligencia.
El Parlamento alega que los jueces del TSJ fueron nombrados ilegalmente por la anterior mayoría chavista en 2015 y sirven al Gobierno.
Pero el TSJ advirtió que la acción de la cámara, cuyas decisiones desconoce al haberlo declarado en desacato desde enero de 2016, configura los delitos de «usurpación de funciones» y «traición a la patria», penados con prisión.
La Fiscalía interpuso un recurso de amparo para lograr la liberación de Zerpa.
