Tegucigalpa (AFP) – La misión de la OEA que apoya la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras anunció este jueves que abrió una investigación de los autores materiales e intelectuales del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) investiga «el asesinato de Berta Cáceres, (con) todos los componentes en relación con la participación de funcionarios del Estado y de la propia empresa» señalada en el caso, Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), declaró a periodistas el jefe de la misión, el peruano Juan Jiménez Mayor.
Cáceres había denunciado amenazas de muerte de parte de DESA por su oposición a la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, que abastece de agua a poblaciones indígenas de la etnia lenca.
La empresa reaccionó en un comunicado en el que rechaza los señalamientos.
Jiménez Mayor explicó que la MACCIH integró un equipo con la Fiscalía de Etnias para investigar al actual fiscal general adjunto Rigoberto Cuellar, al funcionario de la Procuraduría General Rafael Canales y a tres socios y apoderados legales de DESA.
Dijo también que esta empresa inició la construcción del proyecto Agua Zarca en Santa Bárbara (oeste) con un permiso ambiental que le otorgó Cuellar en 2011, cuando se desempeñaba como ministro de Recursos Naturales y Ambiente, mientras Canales era secretario general de esa dependencia.
El permiso era para un proyecto de generación de 14,4 megavatios/hora de energía, y posteriormente el viceministro de Recursos Naturales y Ambiente, Roberto Cardona, autorizó una ampliación a 21,7 megavatios/hora.
Cardona fue detenido el 14 de octubre de 2016 y está preso por haber ampliado ilegalmente la licencia.
Jiménez Mayor cuestionó que Cardona esté detenido y no existan sin embargo consecuencias para quien otorgó la licencia original, también de manera ilícita.
Señaló que otra irregularidad es la aprobación por el Congreso del proyecto en 2010 sin que se hubiera otorgado la licencia ambiental y sin la consulta a los pueblos indígenas de la zona donde se construía la represa, como lo establece la ley.
«DESA y Agua Zarca niegan categóricamente cualquier vinculación con cualquier acto de violencia», anotó el comunicado. Son empresas «que respetan ate todo la vida de las personas».
Anunció que «pronto entregará un completo reporte que rebatirá a profundidad cada una de las irresponsables hipótesis» de la MACCIH.
Ocho personas, incluyendo dos empleados de DESA, están detenidas por el asesinato de Cáceres a manos de pistoleros el 3 de marzo de 2016.
Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al haber denunciado a DESA.
