José Rafael Francisco ha vivido en este país en forma indocumentada por 28 años, por lo que decidió buscar a un abogado que lo ayudara a arreglar sus papeles.
Para ello, acudió a un bufete de abogados de los que supo a través de un comercial de la radio. Le dijeron que en seis meses obtendría la residencia permanente pero, después de tres años y casi 4 mil dólares pagados, no ha logrado nada.
“Ahora, última hora, ellos me están mandando con otro abogado porque no hicieron nada con mi caso”, dijo Francisco, de origen guatemalteco. “Cuando fui a recoger mis papeles, ya no quieren saber nada de mi y no me quieren representar en la corte. Pero cuando comencé con ellos me dijeron que si”.
A Francisco no le quedó más remedio que buscar a otro abogado, quien verificó que la persona que lo estaba a asesorando no estaba autorizado para hacerlo.
El inmigrante guatemalteco considera que aprendió una lección y aconseja a otros con casos similares a tener cuidado para evitar estafas.
“No vayan con cualquier notario porque en las calles hay muchos anuncios de abogados de inmigración que dicen que te arreglan todo tipo de problemas de inmigración, pero al final no logran nada”, dijo Francisco. “Que investiguen primero”.
Protección para los inmigrantes contra los consultores de inmigración
Para proteger a los miles de víctimas de consultores de inmigración, como el caso de Francisco, la asambleísta Ana Caballero, representante del Distrito 30, introdujo el Proyecto de Ley AB 638, conocido también como Ley de Prevención de Fraudes de Inmigración 2017.
La razón de esta ley, destacó Caballero, es evitar que los consultores de inmigración sigan engañando a los inmigrantes al ofrecerles consejos legales sobre sus casos, servicios para completar sus formas de inmigración, a cambio de cantidades de dinero que muchas veces afectan la economía familiar.
“Actualmente, parte del reto es que los notarios están ejerciendo la ley y están ofreciendo consejos legales inapropiados y cobran demasiado por servicios muy básicos”, dijo la asambleísta Caballero a Hispanos Press.
Bajo la AB 638, los consultores de inmigración sólo podrán ofrecer sus servicios a través de una oficina de abogados o una organización sin fines de lucro.
“Prohibe el tipo de actividades que están ocurriendo actualmente y que, francamente, han estado ocurriendo por décadas”, dijo Caballero. “Los inmigrantes se han visto defraudados y queremos detener eso”.
La AB 638 será presentada este martes 11 de julio ante el Comité Judicial del Senado. El proyecto de ley cuenta con el respaldo de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) y la Fundación de Asistencia Legal Rural de California (CRLAF).
Pero también la ciudad de Los Ángeles, la concejal Nury Martínez, por el Distrito 6, introdujo una moción para aplicar medidas enérgicas a notarios fraudulentos. Esta medida permitiría la creación de un proceso para monitorear e identificar consultores que estén tomando ventaja de los residentes en la ciudad.
“Estamos trabajando para proteger a las familias inmigrantes en la ciudad de Los Ángeles y en toda California. Pero lo más importante, para los líderes de Los Ángeles, es que las familias no sean separadas”, dijo Martínez.
“Es por eso que en Los Ángeles vamos a hacer todo lo que podamos para proteger a estas familias de estos notarios inescrupulosos”, añadió Martínez.
Martínez destacó que no han continuado con la aprobación de la moción hasta saber el resultado de la votación de la AB 638.
Sin embargo, aspira que la misma sirva para crear una base de datos para dar a conocer al público las personas calificadas para ofrecer servicios de consejería legal bajo la AB 638. También ofrecería una lista de posibles notarios o consejeros legales que no sean confiables.
‘Pida una segunda opinión’
Alan Diamante, del Bufete de Abogados Diamante, dijo a Hispanos Press que los casos como los de Francisco se han convertido en algo común en los últimos 20 años.
En una entrevista que concedió en 1997, indicó que el 75 por ciento de los inmigrantes que llegaban a pedir informacion, ya habían sido víctimas de un fraude.
“Después de 20 años, eso no ha cambiado. La única diferencia es que ahora hay más personas que usan el título de consultores de inmigración y lo usa como referencia para dar asesoría jurídica”, dijo Diamante, quien se especializa en leyes de inmigracion y naturalizacion.
Diamante considera que la proliferación de este tipo de personas se debe a que las autoridades no hacen lo suficiente para castigar a estas personas. Por eso considera que la AB 638 es una buena opción para obligarlos a trabajar con un abogado que los asesore.
Para aquellos que necesitan asesoria legal en el area de inmigracion, Diamante aconseja que sean cuidadosos.
“Siempre pidan otra opinión. Consulten con un abogado experto en la materia de inmigración”, dijo Diamante.
“Uno tiene el derecho de consultar con varias personas, pedir otra opinion, igual como un médico”, añadió Diamante, destacando que aquellas personas de bajos ingresos pueden ir a organizaciones sin fines de lucro como CHIRLA o CARECEN.
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