Ciudad de Guatemala (AFP) – Dos pueblos indígenas de Guatemala en conflicto por la delimitación de tierras, y bajo estado de sitio por el acecho del narcotráfico, quedaron a las puertas un acuerdo para cerrar la disputa de décadas, informó este miércoles el gobierno.
El vicepresidente Jafeth Cabrera anunció en rueda de prensa que los poblados de Ixchiguán y Tajumulco del departamento occidental de San Marcos, fronterizo con México, se pusieron de acuerdo para terminar con la disputa, pero sólo el alcalde del primer municipio llegó a firmar el documento.
Cabrera calificó el acuerdo como histórico, aunque carece de validez temporalmente porque solo fue firmado por el alcalde de Ixchiguán, David López Ramírez, luego de que su colega de Tajumulco, Ismael Ramos, se excusó de asistir por supuestas amenazas de sus propias comunidades.
La firma del documento entre los dos alcaldes estaba programada concretarse en el Palacio Nacional de la Cultura de la capital, junto con Cabrera, quien supervisó la mesa de diálogo.
Los municipios de Ixchiguán y Tajumulco han mantenido un enfrentamiento en los últimos 83 años, el cual se ha agudizado entre pobladores por la incertidumbre legal sobre la tierra, el cual ha dejado muertos y heridos.
«Vamos hablar con el alcalde de Tajumulco y ver las diferencias que está teniendo y tratar de hablar con todas la comunidades que él representa para que esto (el descontento) no exista porque esto se tiene que saldar», afirmó.
De acuerdo con el funcionario, el alcalde Ramos avala los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo, pero no los firmó antes de someterlos al Congreso, que deberá aprobarlos junto con la hoja de ruta trazada.
Cabrera precisó que la hoja de ruta contempla la construcción de centros de salud, escuelas, pozos de agua y destacamentos de la policía y el ejército para garantizar la seguridad ciudadana.
Además, el Ministerio de Agricultura deberá impulsar cultivos alternativos con la intención que dejen de cosechar marihuana y amapola, base para la elaboración de heroína y opio.
Debido a la conflictividad en esos pueblos, el gobierno decretó el 11 de mayo un estado de sitio por 30 días, el cual fue prorrogado en junio por un lapso igual y se desconoce habrá otra ampliación.
La disposición restringe varias garantías constitucionales de libertad de locomoción, reunión, manifestación y portación de armas.
