Washington (AFP) – Estados Unidos ha comenzado a pedir a algunos solicitantes de visas que proporcionen sus identidades en las redes sociales, entre otros métodos de detección más vigorosos.
Un funcionario del Departamento de Estado, hablando bajo condición de anonimato, dijo a la AFP que los nuevos procedimientos de seguridad habían entrado en vigor el 25 de mayo para los viajeros considerados como un riesgo.
El plan ya ha planteado las preocupaciones de los defensores de las libertades civiles, que temen a los viajeros que no representan una amenaza terrorista puedan ser estigmatizados por sus opiniones políticas o religiosas.
También viene en un momento de controversia sobre otra medida nueva, el intento del presidente Donald Trump de prohibir la entrada al país a todos los viajeros de seis países principalmente musulmanes.
Pero en un memorándum del 6 de marzo, Trump prometió reforzar los controles sobre quién puede entrar a los Estados Unidos, incluso estudiando su comportamiento en línea.
Según el funcionario estadounidense, los funcionarios consulares pueden ahora exigir información adicional a los solicitantes que ellos consideren que necesitan «una verificación más rigurosa de la seguridad nacional».
«A los solicitantes de visas se les pedirá que proporcionen información adicional, incluyendo su manejo de medios sociales, números de pasaportes previos, información adicional sobre miembros de la familia y un historial más largo de viajes pasados, empleo e información de contacto», dijo.
Sin embargo, agregó, estos cambios «afectarán sólo a una fracción del uno por ciento de los más de 13 millones de solicitantes anuales de visas en todo el mundo».
No hay ninguna sugerencia de que los viajeros tendrán que entregar las contraseñas a sus cuentas.
Pero si tienen, por ejemplo, publicado material sospechoso en Facebook o «seguido» una cuenta extremista en Twitter o Instagram que pueden hacer frente a preguntas adicionales.
Las normas más estrictas en materia de visados también vienen después de que la administración estadounidense prohibió a los viajeros de varios aeropuertos del mundo musulmán usar computadoras portátiles en vuelos de pasajeros.
Esto ocurrió después de que las agencias de inteligencia encontraron evidencia de que los extremistas islámicos han perfeccionado la tecnología para ocultar una bomba viable en una computadora activa.
– La amenaza extremista –
La Casa Blanca, por su parte, pidió el jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que restablezca su prohibición temporal a los viajeros de seis naciones a pesar de repetidos reveses en los tribunales inferiores.
Pidió al tribunal que se pronuncie sobre la situación legal de la orden de Trump, apelando una decisión del Tribunal Federal de Cuarto Circuito de Apelaciones que bloqueó la prohibición.
También pidió a la Corte Suprema que levante otra sentencia emitida por un juez federal con sede en Hawái.
La portavoz del Departamento de Justicia, Sarah Isgur Flores, dijo que la Casa Blanca cree que la orden es legal, a pesar de los cargos que ataca a los musulmanes en violación de las libertades estadounidenses.
«El presidente no está obligado a admitir a personas de países que patrocinan o protegen el terrorismo», insistió.
Trump emitió en enero su prohibición inicial de viajar, que impedía la entrada a nacionales de siete países durante 90 días y suspendió el programa de refugiados por 120 días.
Después de un fin de semana de caos en aeropuertos y consulados mientras los viajeros y funcionarios luchaban por adaptarse a las nuevas reglas, los tribunales estadounidenses intervinieron y detuvieron la medida.
Trump, que se jactó durante su campaña de que impondría una «prohibición total» a los viajeros musulmanes, ha insistido en que la medida se basa en preocupaciones de seguridad legítimas.
Una orden ejecutiva revisada en marzo significó tratar las preocupaciones planteadas por los jueces federales. Suprimió a Irak de la lista y eliminó una prohibición indefinida a los refugiados sirios.
Pero el nuevo orden también fue ampliamente criticado por los activistas de los derechos de los inmigrantes y los académicos constitucionales.
