Washington, 29 mar (EFE).- Legisladores demócratas y alcaldes de ciudades que no quieren perseguir a indocumentados mostraron hoy su preocupación por el impacto humanitario y de seguridad de la restrictiva política migratoria del presidente Donald Trump.
En varias reuniones por separado en Washington, alcaldes y legisladores demócratas mostraron su oposición al aumento de las deportaciones de inmigrantes, las amenazas a las ciudades santuario para que entreguen a las autoridades federales a indocumentados y a proyectos onerosos como el muro fronterizo con México.
En un foro organizado por congresistas demócratas con representantes de defensa de los derechos de inmigrantes y niños, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que el testimonio de inmigrantes indocumentados es «poderoso y de gran importancia» ante las nuevas propuesta de Trump.
Pelosi recordó que la mayoría de los indocumentados que han llegado a Estados Unidos lo hacen con «esperanza y determinación».
La congresista Pramila Jaypal aseguró que, además, se debe luchar contra la narrativa del equipo de Trump «de que los inmigrantes son criminales», mientras que la congresista Lucille Roybal-Allard aseguró que hay que transmitir un mensaje de esperanza a la familias de indocumentados, porque «no están solos».
Las congresistas, miembros del grupo de trabajo de mujeres por la Reforma Migratoria, escucharon a representantes de organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes que explicaron detalles sobre los traumas que causan las deportaciones que separan familias o ponen a menores en centros de detención.
Emily Butera, representante de la Comisión de Mujeres Refugiadas, fue especialmente crítica con la política de separar mujeres de sus hijos menores cuando sean detenidas por la Patrulla Fronteriza, algo que, recordó, ya sucedía antes pero podría intensificarse.
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo este mes que están considerando separar madres indocumentadas de sus hijos menores en el momento de la detención como medida disuasoria para aquellos que deciden cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos, la mayoría centroamericanos.
Del mismo modo, los participantes recordaron historias de indocumentados residente en Estados Unidos que han sido detenidos en redadas, intensificadas con la llegada de Trump a la Presidencia, y se arriesgan a tener que abandonar el país dejando en Estados Unidos esposos, hijos y otros familiares.
Precisamente, Kelly se reunió hoy con los alcaldes de ocho ciudades que se han negado a colaborar con las autoridades federales de inmigración a la hora de detener y entregar a indocumentados, que se han dado en llamar «ciudades santuarios».
El alcalde de Los Ángeles (California), Eric Garcetti, criticó el uso del término de «ciudades santuario» por parte de la Administración de Trump y aseguró que «eso no significa que demos la bienvenida a delincuentes o que no queremos que éstos respondan ante la ley».
Garcetti, descendiente de bisabuelos inmigrantes que cruzaron a Estados Unidos huyendo de la guerra en México, aseguró que lo que su ciudad y su departamento de policía quieren son ciudades más seguras, algo a lo que no cree que colaborar con redadas de inmigración vaya a contribuir.
El regidor aseguró que él y sus pares de otras ciudades como Austin (Texas), Nueva Orleans (Luisiana) o Columbia (Carolina del Sur) lo que necesitan es más «transparencia y coordinación» con la autoridades federales migratoria para evitar crear un ambiente de inseguridad y paranoia entre inmigrantes.
El lunes, el fiscal general, Jeff Session, compareció en la sala de prensa de la Casa Blanca para asegurar que las «ciudades santuarios» perderán fondos federales si no hacen cumplir las leyes migratorias.
Los alcaldes criticaron hoy la politización del término y la falta de claridad de Sessions a la hora de explicar qué es lo que esas ciudades deben hacer para mantener sus fondos federales
