Los Ángeles, 26 mar (EFE).- Un comité de la Asamblea de California estudiará en abril un proyecto de ley que responsabiliza a los empleadores por permitir a las autoridades ejecutar redadas de inmigración en los sitios de trabajo.
La ley AB 450, presentada por el asambleísta demócrata de San Francisco David Chiu y que será debatida en el Comité de Políticas, exige que los empleadores pidan una garantía judicial antes de permitir el ingreso de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los sitios de trabajo.
«En California, el 45% de los trabajadores agrarios son indocumentados, el 30% de los trabajadores de restaurantes son indocumentados y 21% de trabajadores de la construcción son indocumentados», señaló en una declaración enviada hoy a Efe el asambleísta Chiu.
El legislador, al defender la que calificó como «la primera ley de este tipo en el país», anticipó que en California «se presentarán redadas en los sitios de trabajo».
La medida que busca implementar en las empresas el concepto de «California como estado santuario», también prohíbe que un empleador informe a las autoridades datos confidenciales de sus empleados – como el número de seguro social – si no hay una orden judicial de por medio.
De acuerdo con el asambleísta, esta redadas «no solamente afectarán a los trabajadores sino a los empleadores por la interrupción y la violencia que crearán».
«Si estos trabajadores son deportados ¿quiénes realizarán el trabajo?», se interrogó Chiu.
La denominada «Ley de protección del trabajador inmigrante» también obliga a los empleadores a notificar al comisionado de Trabajo y a un representante de los empleadores cuando ocurra una redada en la sede laboral.
La misma obligación cuenta cuando se realice una auditoría al formulario I-9, que deben llenar los trabajadores para demostrar que tienen un permiso de trabajo válido en el país, y restringe las revisiones que los empleadores hacen de estos documentos.
David Huerta, presidente de Trabajadores Unidos de Servicios del Oeste (USWW), perteneciente al Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU), apoyó la medida como una forma de defender a los trabajadores indocumentados.
«Tenemos una administración que hostiga a una comunidad que contribuye económicamente a la sociedad, produciendo, siendo parte de ella y creando bienestar. Necesitamos respaldarlos, protegerlos y honrarlos», declaró el sindicalista.
La ley tiene como coautores al senador demócrata de San Francisco Scott Wiener y a los asambleístas también demócratas, Phil Ting de San Francisco y Rob Bonta de Oakland.
Debido a que impone una responsabilidad en los empleadores las ejecuciones de redadas, con multas por incumplimiento que pueden alcanzar los 25.000 dólares, algunas organizaciones han cuestionado la iniciativa de ley.
En una declaración a Efe, Tom Scott, director ejecutivo estatal de la Federación Nacional de Negocios Independientes, calificó la medida de «completamente intimidante».
«Tenemos muchas preguntas como, ¿se está poniendo al dueño de un pequeño negocio como el responsable de una redada al tener que asegurar que los agentes de ICE tienen las órdenes correctas?», cuestionó Scott.
Según un informe del Instituto de Política Pública de California, cerca del 10% de los empleados del estado son indocumentados representando más de 1.75 millones de trabajadores.
